Hoja de ruta para la extinción del estado de derecho

Con la retirada ayer por la fiscalía de la acusación que pesaba sobre Arnaldo Otegui hemos vuelto a asistir a otra pantomima del estado de derecho en su enloquecida transfiguración en república bananera. Con diez horas de retraso sobre el horario previsto, el fiscal se parapetó tras una serie de razonamientos pretendidamente técnicos –si de verdad sabe lo que es el dolo, ayer no quiso aplicarlo- para justificar la improcedencia de la imputación del líder batasuno. En el fondo, lo que se estaba representando era una obra de teatro macabra en la que uno de los protagonistas estaba ausente. Y es que el papel que representaba ayer el fiscal Fernando Burgos debía corresponder a Cándido Conde Pumpido. Pero ya sabemos que este gobierno siempre esconde a sus primeros espadas tras la protección de una barrera de silencio. Está claro que para ciertas faenas, antes de salir al ruedo, prefieren que sus peones de brega den vueltas al toro para que este se canse y pierda fuerza. Sólo cuando se agota, el primer espada de turno aparece para pegar dos muletazos mal dados y entrar a matar a traición, con un bajonazo infame que haga rodar por la arena rápidamente a este torito inválido en que han convertido a España.
De todos modos, lo que hicieron ayer no es más que cumplir uno de los puntos que tienen estipulados en la hoja de ruta que ha trazado ETA. Según una información publicada en City FM –link encontrado gracias al blog de El Cerrajero-, la banda terrorista ETA ha hecho llegar al ejecutivo de ZP una serie de condiciones que deben cumplirse para que esta emita un comunicado que le dé un cierto respiro al "futuro premio Nobel de la Paz".
La primera de ellas obliga al gobierno a frenar las sentencias condenatorias del macrojuicio 18/98 –entorno ETA-KAS-, el juicio a Arnaldo Otegui, y la retirada por parte de la fiscalía de todas las acusaciones contra los miembros de la izquierda abertzale. Como pudimos comprobar ayer con el esperpento protagonizado por una fiscalía que trató de suspender el juicio hasta el último momento, una parte ya se ha cumplido. El resto está por venir.
La segunda condición que imponen los asesinos es que el PSOE aborde la territorialidad y el derecho a decidir. Según esto, me parece entender que ETA le exige a ZP que reconozca su derecho a la autodeterminación y a la territorialidad de lo que ellos llaman Eukal Herria. Pero, si no recuerdo mal, la autodeterminación, que es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, persiguiendo su desarrollo económico, cultural y político, sin injerencias externas y acorde al principio de igualdad, está aceptada por las Naciones Unidas y la doctrina internacionalista para pueblos sometidos a colonización. Y creo que Castilla no ha sido una potencia colonial en el "oprimido" y "empobrecido" País Vasco. No obstante, seguro que pronto aparece algún segundón del PSOE -¿tal vez Patxi López?- reclamando el inalienable derecho de Euskadi a la autodeterminación.
Además de lo anteriormente expuesto, ETA exige al gobierno que confirme si se continúa con la negociación política para la superación del conflicto. Es evidente que ZP ha hecho una serie de declaraciones ambiguas en diversos medios en las que podía entenderse que sigue dispuesto a una negociación con el único objetivo de conseguir la paz a cualquier precio.
City FM añade en su noticia que, en caso de que se cumplan estas premisas, ETA publicaría un comunicado con una serie de requisitos intolerables para cualquier estado de derecho. El más grave de todos ellos es la pretensión de que Navarra sea incluida en las tres provincias del País Vasco. Lo más terrible de todo es que lo consideran indispensable, y ni siquiera tolerarán la más mínima negociación sobre esa cuestión. Según el PSOE, que ya tenía conocimiento de las exigencias de ETA, la manifestación del sábado pasado se producía “por un fantasma que no existe”.
Otra de las grotescas demandas de los mafiosos es la de que se reconozca a Euskal Herria como un pueblo que pueda hablar de tú a tú con el estado español y francés. Sin ánimo de ser repetitivo, es evidente que ZP ya les ha concedido ese estatus a los asesinos. ¿Creen ustedes que Sarkozy –probable ganador de las elecciones francesas- concederá a una asociación de malhechores esa misma legitimidad?
Siguiendo con su talante conciliador, otras de las imposiciones de la banda terrorista es la innegociabilidad de la alternativa Anaitasuna –sobre territorialidad-; la obligación de crear una mesa de partidos en la que no estaría el PP; y la derogación de la Ley de Partidos o, en su defecto, la búsqueda conjunta de una solución para que Batasuna se pueda presentar a las próximas elecciones locales.
El fin perseguido por ETA con todos estos requerimientos es claro: conseguir la autodeterminación del País Vasco; la exculpación de todas las causas criminales en las que se encuentran inmersos sus dirigentes; la anexión de Navarra –incluso en contra de la voluntad del propio pueblo navarro-; la aprobación de unos acuerdos ilegales con la apariencia de estar refrendados por los partidos políticos que ETA tolere –PNV, PSE/EE, EA, EB,…-; y la anulación de la Ley de Partidos para que Batasuna recupere los fondos que han perdido desde que fueron ilegalizados.
Lo peor de todo es que habrá comunicado de ETA.