27 noviembre 2006

El efecto Montilla


Según una noticia publicada en El Mundo de ayer, “Montilla gastó el 60% de los fondos de la CMT en su traslado”. Lo cual quiere decir que el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña se ha fundido 20 millones de euros en llevar a cabo uno de los caprichitos de sus socios nacionalistas.
Si partimos del hecho de que la inmensa mayoría de empresas de telecomunicaciones reguladas por la CMT tienen sus sedes en Madrid, la lógica de la decisión es, a priori, de lo más estúpida. Y si encima a esto le añadimos que no era un organismo de nueva creación, si no que se encontraba funcionando ya en Madrid, con una sede permanente y una plantilla de 130 personas, lo absurdo se torna en esquizofrénico. Y lo peor de todo es que el propio Montilla, junto con ZP y Maragall, justificó la decisión como una medida política en cumplimiento de la promesa electoral de descentralización de la administración. Parece ser que para estos orates inconscientes, la política está por encima del bien y del mal. Como es una decisión política, ésta no debe ajustarse a criterios de coherencia, racionalidad, eficiencia económica o control presupuestario. ¡Qué más da, si el dinero no es nuestro!
Imagínense a Montilla dirigiendo una empresa privada. De pronto se le mete en la cabeza que va a trasladar la sede de la empresa a su pueblo, porque así aumentará la prosperidad de sus vecinos. Entonces, como los trabajadores no se quieren marchar, le dice a su consejo de administración que no repare en gastos para convencerles del traslado. Los que al final deciden marcharse a la nueva sede, consiguen una subida salarial de entre un 20% y un 40%, además de un ascenso de categoría laboral, una prima sobre su sueldo del 50% y dietas diarias de 150 euros al día. Y si además, pasados 9 meses, decidieran quedarse a vivir en el pueblo de Montilla, cobrarían durante cuatro años una ayuda por vivienda que oscilaría entre 900 y 1.300 euros. Si Montilla fuese el gestor de una empresa privada, los accionistas no sólo le cesarían ipso facto, si no que probablemente le demandasen por una gestión manirrota y alocada.
Me gustaría saber qué es lo que va a hacer la CMT, con un 40% del presupuesto disponible para su trabajo diario. Supongo que las empresas de telecomunicaciones reguladas por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones tienen que estar contentas. Sobretodo porque son estas sociedades las que la financian casi al 100%.
Con lo que no contaba el gabinete de ZP, era con la anulación del decreto por parte del Tribunal Supremo. Incluso así, como nos gobiernan unos incompetentes, ya ha dicho Joan Clos –que debe seguir sin saber de qué es ministro- que son defectos de forma fácilmente subsanables ya que lo importante es mantener a la Comisión en Barcelona. Lo que parece desconocer el señor Clos es que la sentencia –que aún no se ha publicado- lo que condena es una decisión política sin justificación en derecho, ya que este tipo de medidas deben fundamentarse en beneficio del interés público y aquí sólo hay perjuicios y trastornos.

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